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El GPP en el Senado apuesta por una Ley de Metrología más moderna, más actualizada y más comprensible para el ciudadano
Jueves, 20 de Noviembre de 2014 19:25


Pepa Luzardo  indica que una de las novedad es la puesta en marcha del instrumento “testigo” que hará posible que el consumidor compruebe el peso de lo que ha comprado en los mercados municipales

Mª José Nicolás asegura que los destinatarios de esta Ley quieren que el Estado y sus organismos velen por sus intereses para que no se les engañe

20 nov, '14.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado ha debatido hoy la Ley de Metrología donde las ponentes del Grupo Parlamentario Popular de este Proyecto de Ley, Pepa Luzardo, senadora por Gran Canaria, y Mª José Nicolás, senadora por Murcia, han puesto de manifiesto la apuesta del Partido Popular por la modernización y actualización de la Ley de Metrología, así como facilitar su comprensión al ciudadano.

Durante su intervención en el turno en contra de los vetos, Pepa Luzardo ha indicado que era el momento de actualizar la Ley de Metrología, aprobada en 1985, que a lo largo de estos años ha tenido diferentes modificaciones parciales al texto.

“Esta Ley actualiza y mejora la vigente Ley del 85  y después de casi tres décadas se hace necesario y oportuno adaptarla a los nuevos tiempos e introducirla en las nuevas tecnologías”, ha señalado. Asimismo, Luzardo ha destacado la gran flexibilidad de la Ley del 85 para adaptarse a la directiva europea.

Luzardo ha explicado que la metrología es la parte de la Física que estudia las mediciones y magnitudes. Incluye el estudio, el mantenimiento  y la aplicación del sistema de pesas y medidas. Asimismo, ha recordado que la Constitución, en el artículo 149.2, establece que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las pesas y medidas y la determinación de la hora oficial.

La senadora canaria ha indicado que “este texto establece la obligatoriedad de usar el sistema internacional de medidas que van más allá de las tradicionales unidades de medida, ya que incluye no solo su nombre y la definición sino el uso de sus múltiplos y submúltiplos”.

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El PP niega el cierre de la oficina del Instituto Social de la Marina de Arguineguín
Jueves, 20 de Noviembre de 2014 19:13

Guillermo Mariscal asegura que “lo que se ha hecho ha sido reducir, y no cerrar, el tiempo de apertura de la institución, que permanece operativa dos días a la semana”   El también portavoz de Industria del GPP señala que esta medida obedece “a la racionalización y a la búsqueda de una eficacia mayor en el uso del dinero público”

Destaca “la extraordinaria labor” que presta la institución y recuerda la aprobación de una enmienda a los PGE que dedica 500.000 euros a rehabilitar las infraestructuras de playa de Mogán

19. nov. 2014.- El diputado del GPP por Las Palmas y portavoz de Industria del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, negó que la oficina del Instituto Social de la Marina de Arguineguín (Gran Canaria) haya sido cerrada, tal y como falsamente se ha dicho desde la oposición, pues “lo que se ha hecho ha sido reducir, y no cerrar, el tiempo de apertura”. “La oficina permanece abierta”, remachó.

En su intervención durante el debate de una iniciativa socialista relativa a esta institución, Mariscal explicó que la decisión de reducir a dos días a la semana la apertura de dicha oficina “es una medida más de racionalización y eficacia en la utilización de los recursos públicos, pues el dinero público debe ser tratado como un bien sagrado, y cuanto más se reduzca el espacio del ámbito público garantizando el servicio público, pues mucho mejor”.

“Lo fácil es aludir a los tres días en que está cerrada la oficina y no a los dos días en que abre”, continuó rebatiendo Mariscal, toda vez que subrayó que con la reducción del tiempo de apertura “no se obliga a nadie a viajar diariamente a Las Palmas, sino a acudir a la dirección local de Arguineguín los días en los que esta oficina permanezca abierta”. “Y tampoco afecta a la labor de los armadores de esta zona de la isla, ni se interrumpen los cursos de formación ni tampoco se interrumpe la asistencia sanitaria a bordo de los trabajadores del mar”, apostilló.

Mariscal dedicó el arranque de su intervención a poner en valor “el excelente trabajo, sacrificio y esfuerzo” que la institución ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, incluyendo los momentos previos a la transferencia de ciertas competencias, amén de “la perfecta sintonía” que dicha institución ha mantenido con la sociedad.

El parlamentario canario también dio la réplica a quienes argumentan que “se está haciendo un daño irreparable al sector turístico”, recordando que “en las pocas enmiendas incluidas en los PGE para 2015, debido a la necesidad de ahorro y ajuste presupuestario derivados de la lamentable política económica de Zapatero, figura una enmienda de 500.000 euros dedicada a rehabilitar las infraestructuras turísticas ligadas a playa de Mogán”. Con esta partida de 500.000 euros, aseguró Mariscal, la zona seguirá manteniendo la posición de liderazgo en el turismo de la isla y permitirá optimizar todas sus instalaciones de manera que se dé cabida a la enorme demanda de turismo en Gran Ca

 
El PP denuncia que Visocan adeuda 113 cuotas impagadas por 9,4 millones de euros
Jueves, 20 de Noviembre de 2014 11:43

El Gobierno regional admite una deuda de 202 millones en Viviendas Sociales de Canarias, cuyas auditorías externas esconde

Felipe Afonso: “Aunque solo le quedan 7 meses, la continuidad de la consejera Rojas es una losa de la que deberíamos librarnos”

20 de noviembre de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, denunció hoy que la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) adeuda más de 9,4 millones de euros, correspondientes a 113 cuotas impagadas de diversos créditos bancarios, a 30 de junio de 2014: “Visocan está al borde de la ruina y la insolvencia, tras dos décadas de desastrosa gestión de CC”.

En su presupuesto para 2015, el Gobierno regional reconoce que esta empresa pública sin actividad acumula una deuda de 202 millones de euros, de los cuales 163,5 millones corresponden a diversos créditos bancarios, y 38,3 millones son deudas a corto plazo. De ellos, 9,4 millones son créditos que el departamento de Vivienda ha sido incapaz de pagar en plazo.

El diputado popular, además, ha solicitado las auditorías externas realizadas a Visocan en los dos años precedentes, “y la situación debe de ser tan difícil que una entidad con 202 millones de deuda ha sido despachada con dos folios, como pretendiendo esconder su caótica e incompetente gestión”.

“Aunque solo le quedan 7 meses, la continuidad de la consejera de Vivienda, Inés Rojas, es una losa de la que CC y PSOE deberían librarnos”, señaló Felipe Afonso, quien se preguntó cuál es la actividad que desarrolla en materia de Vivienda el Gobierno regional, que ni atiende las peticiones de más de 36.000 solicitantes de VPO que están en lista de espera, ni construye nuevas viviendas, ni paga sus créditos pendientes: “Su volumen de venta y servicios ha caído un 75% en 4 años”.

Afonso recordó que en 2012 el propio Gobierno autonómico tuvo que socorrerla ante su imposibilidad manifiesta de hacer frente a los créditos bancarios pendientes: “En aquel momento fueron 15 millones para evitar su hundimiento definitivo, y ahora afrontaremos, de momento, 9,4 millones más”.

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